En la ceniza de los viejos quemaderos, con los sambenitos colgados en
las iglesias y en los nombres escritos en los libros verdes, se había
guardado durante siglos la Historia de España. Todo lo que nutría la
leyenda negra que seguía triunfando entre los enemigos extranjeros, pero
que también definía cierta idea esencial de España. Una
institución-pilar que sostenía el viejo edificio de las costumbres
seculares.
Sin embargo, todo cambió en el mes de febrero de 1813. Naturalmente en Cádiz, como tantas otras grandes cosas de la Historia de España.
Hace justo dos siglos, las Cortes de Cádiz abolían el Santo Oficio con
la promulgación del Decreto de Abolición de la Inquisición.
La fecha parece uno de esos momentos gloriosos del país. Pero habría que matizar varias cosas, porque antes ya se había intentado su abolición en la Constitución de Bayona de 1808 y
con la declaración de Napoleón en Chamartín tras su victoria de
Somosierra, que consideró el Santo Oficio como «atentatorio a la
soberanía y a la autoridad civil».
Además, desgraciadamente la Inquisición no terminó su historia en 1813,
sino que se restauró con el regreso al trono de Fernando VII. Luego con
el breve periodo del Trienio Liberal, se derogó otra vez para regresar
con el triunfo del monarca absolutista, aunque ya muy modificado por los
consejos que el rey recibió de su libertador, el duque de Angulema.
El verdadero punto y final de la Inquisición no sucedió hasta que la reina regente María Cristina la derogó con el decreto del 15 de julio del año 1834. El investigador Gérard Dufour en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo,
que publica la Universidad de Cádiz, puntualiza que «el único gobierno
español que tomó semejante medida fue el de María Cristina. Como decía
Caro Baroja, entonces desapareció la Inquisición, pero no el espíritu
inquisitorial».
Sin embargo, este mes de febrero de 1813 debería recordarse como un
momento histórico fundamental para un país que por fin se liberaba de
una de las instituciones más terribles y cuestionadas, un monumento a la
intolerancia y un lastre para el avance y el progreso.
Fue el 22 de febrero el día en el que se promulgó un documento que cambiaría la Historia de España: Manifiesto sobre los fundamentos y razones que han tenido las Cortes para abolir la Inquisición. Precisamente, la revista Andalucía en la Historia, que edita el Centro de Estudios Andaluces, ha publicado un artículo de investigación
sobre este documento que se conserva en el Archivo General de Andalucía
Manifiesto, formando parte del Fondo de la Real Fábrica de Artillería
de Sevilla.
El autor del artículo, Antonio José García Sánchez, subraya la
importancia de este decreto que firmó el presidente de las Cortes, el
liberal moderado Antonio Miguel de Zumalacárregui.
Entre los argumentos expuestos por los diputados para acabar con el
Santo Oficio estaban que el antiguo Inquisidor General estaba en la
España dominada por los franceses, por lo tanto no existía ningún
tribunal en la España libre.
Además, consideraban que el procedimiento inquisitorial atentaba contra la soberanía de la nación «ya
que el poder atribuido al Inquisidor General lo convertían en un
verdadero soberano, que no tenía que responder ante nadie», explica
Antonio José García Sánchez.
Por otro lado, los diputados doceañistas culpaban al Santo Oficio de los retrasos de España «al ser esta institución la perseguidora de las mentes más brillantes».
Durante ese triunfal mes de febrero de hace doscientos años se
aprobaron varias normas para hacer efectiva la desaparición del temido
tribunal. Por ejemplo, «quitar de parajes públicos y destruir las
pinturas o inscripciones de los castigos impuestos por la Inquisición».
Una escena sin precedentes en la Historia de España.
Sin embargo, también se dan varias paradojas en este tiempo de euforia. Antonio José García Sánchez apunta que en realidad «fue una abolición nominal»
porque en realidad en la nueva Constitución recién aprobada no existía
verdadera libertad religiosa –la única religión era la católica– y en
lugar de la Inquisición se establecieron unos Tribunales Protectores de
la Fe.
Por otro lado, aunque la Constitución de 1812 reconocía el derecho de
libertad de imprenta, los delitos de herejía y la censura eclesiásticas
de libros continuaron.
De alguna forma, el hito histórico de febrero de 1813 marcaría definitivamente la siempre irregular e indecisa historia del país, caracterizada por dar un paso delante y dos hacia atrás.
LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA
La Inquisición española fue un tribunal eclesiástico fundado en 1478
por los Reyes Católicos con el fin de encontrar, procesar y sentenciar a
personas acusadas de desviación de la religión católica. Perseguía
principalmente a los judíos y musulmanes que, aunque conversos,
practicaban su religión en secreto. También persiguieron a los
cristianos que no practicaban correctamente el catolicismo (“herejes”,
“blasfemos”, etc.) y a personas acusadas por brujería. Estas personas
eran torturadas o incluso condenadas a muerte tras su paso por el
Tribunal. La Inquisición supuso para España una mala imagen ante la
sociedad europea ilustrada, ya que era considerada un atraso cultural,
político y social.
La Inquisición medieval surgió en 1184 con el papa Lucio para acabar
con la herejía cátara en el Sur de Francia. Con la bula, de creación se
exigía a los obispos que interviniesen activamente en contra de dicha
herejía y se les daba el poder de juzgar y condenar a los herejes.
La Inquisición fue así un tribunal religioso de la ortodoxia católica
cuya finalidad era imponer la fe católica y conseguir así una unidad
religiosa. Para ello reprimían la superstición, la brujería y la
herejía.
El Tribunal de la Santa Inquisición (considerada ya la Inquisición
“moderna”) fue implantado en España por los Reyes Católicos en 1478
para perseguir principalmente a los judíos ahora cristianos tras las
conversiones masivas de ese siglo XV (papel de órdenes mendicantes,
ataques a juderías, presión social y política, decreto de expulsión) y
que eran acusados de seguir manteniendo su religión en secreto (“prácticas judaizantes”).
En el siglo XVI se extendió a los moriscos, mudéjares convertidos
forzosamente, y también se persiguió a algunos cristianos que no
practicaban el catolicismo (protestantes en focos como Valladolid) y a
personas acusadas por brujería (mayoritariamente mujeres). Para evitar
la difusión de ideas heréticas publicaron varios índices entre el siglo
XVI y el siglo XVII que eran una lista de libros prohibidos por
razones ortodoxas donde, sobretodo, prestaban mucha atención a las
traducciones vernáculas de la Biblia (la libre interpretación de la
Biblia es un principio protestante)
A mediados del siglo XVI el territorio español quedó dividido en 15
tribunales de distrito. Cada uno de estos tribunales de distrito
contaba con una estructura administrativa: al frente del tribunal se
encontraban dos o tres inquisidores, nombrados por el inquisidor
general; el fiscal se encargaba de denunciar e interrogar a los
testigos; la nómina de secretarios estaba compuesta por un notario de
secuestros, cuya misión era confiscar los bienes, y un escribano
general, que actuaba como secretario del tribunal; completaban la
plantilla otros funcionarios, como el alguacil, que procedía a las
detenciones o el tesorero.
El control ejercido por la Inquisición sobre la población se basaba
en la capacidad de hacer sentir su presencia en todos los rincones, por
ejemplo mediante la presencia de inquisidores en todo tipo de actos
públicos, laicos y religiosos, o la organización de actos
multitudinarios como los autos de fe. También destaca el papel de los
familiares.
Los familiares eran los miembros de menor nivel dentro de la
Inquisición Española. Eran laicos, no formaban parte del clero, y su
función era informar de todo lo que ocurriera en la sociedad que fuera
de interés para la institución, y a cambio recibían un beneficio
económico y protección ante una posible persecución. No se conocía la
identidad de los Familiares, por lo que eran temidos. Convertirse en
uno de ellos era un honor porque significaba la limpieza de sangre y
se tenían ciertos beneficios. La mayoría eran gente del pueblo, aunque
también había nobles con ese cargo.
Cuando el Inquisidor llegaba a una ciudad, leía el “edicto de
gracia” en la misa del domingo, donde se acusaba a los herejes. En el
tiempo de un mes se ofrecía la posibilidad a los autoinculpados de
confesar sus pecados para que la sentencia fuera menor. Con el tiempo,
los “edictos de gracia” fueron sustituidos por los “edictos de fe”, en
los que las acusaciones eran anónimas y no existía la opción de
reconciliación voluntaria. Tras la denuncia, se procedía a la detención y
los calificadores examinaban el caso. El proceso consistía en unas
audiencias donde declaraban los denunciantes y el acusado. Si tras el
juicio se consideraba que existía herejía, las sentencias podían ser
varias:
-Podía ser absuelto.
-La sentencia podía ser suspendida. Entonces el acusado era libre bajo sospecha y vigilancia.
-Podía admitir públicamente sus delitos y ser condenado a un castigo (por ejemplo, llevar el “sanbenito”).
-Podía “reconciliarse” con la Iglesia.
-El caso más grave era la condena a muerte en la hoguera (“relajación”).
Contexto histórico
Casi toda la Península Ibérica había sido conquistada por los árabes
desde el siglo VIII y en la zona sur se había establecido una gran
población musulmana. Hasta 1492 Granada estuvo bajo dominio musulmán,
ya que la conquistaron los Reyes Católicos. También había poblaciones
de judíos, que vivían recluídos en las juderías.
A finales del siglo XIV hubo numerosas persecuciones antisemitas.
Esto produjo que a lo largo del siglo XV muchos judíos se convirtieran
masivamente al cristianismo, la mayoría falsamente (falsos judíos o
criptojudíos). Surgió así una nueva clase clase social, la de los
conversos que conseguían acceder a bastantes oficios y puestos que por
unas nuevas normas les estaban prohibidos a los judíos. Los que no
aceptaron convertirse al cristianismo fueron expulsados de la Península
en 1492.
En su estancia en Sevilla, la reina Isabel habló con el dominico
Alonso de Hojeda, el cual le convenció de que muchos judeoconversos
seguían practicando su religión. Para exterminar este problema, los
Reyes Católicos impusieron la Inquisición.
En la Corona de Aragón existían cuatro tribunales, situados en
Zaragoza, Valencia, Barcelona y Mallorca. Y también sedes en Palermo
(Sicilia) y Cerdeña. Hubo resistencia en la Corona a introducir esta
institución que fortalecía el poder real (los fueros no podían defender a
los ciudadanos en casos de Inquisición). Incluso fue asesinado el
primer inquisidor en Aragón, Pedro Arbués.
Fernando el Católico también implantó la Inquisición española en
América, creando los tribunales de Lima, México y Cartagena de Indias.
Durante el siglo XVI, la Inquisición actuó para extinguir los casos
de protestantismo que aparecieron en España. Hubo un tercer grupo que
sufrió la Inquisición: los moriscos, musulmanes conversos. Este
colectivo causaba mucho temor a los reyes ante una posible rebelión. El 4
de abril de 1609 se decretó la expulsión de los moriscos de la
Península Ibérica.
A finales del siglo XVII , tras los desastres provocados por las
Guerras de religión en Europa central, los intelectuales empezaron a
afirmar que tal la diversidad de creencias en un Estado era más
beneficioso para el mismo que la unificación de una sola creencia. Las
sociedades europeas ilustradas y liberales empezaron a despreciar y
criticar a las sociedades que mantenían una uniformidad religiosa por
la fuerza. Se consideró que la Inquisición española era pues un atraso
intelectual, político y social, apareciendo así la Leyenda Negraespañola
en el siglo XVIII. La Leyenda Negra española es un concepto creado por
autores de aquella época los cuales crearon en Europa una imagen negra
de España, convirtiéndola en el foco de fuerzas de represión,
brutalidad, intolerancia religiosa y política y atraso intelectual y
artístico durante los siguientes siglos.
http://www.larapedia.com/resumen/La_inquisicion_espanola_resumen.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/14/andalucia_sevilla/1360876918.html
